La Justicia Federal de Salta le concedió la prisión domiciliaria al exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, condenado a cinco años de prisión por haber recibido coimas a cambio de otorgar beneficios judiciales. La decisión fue tomada por la jueza Gabriela Catalano, del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta, a raíz de un pedido de la defensa basado en los problemas de salud del exmagistrado. El fiscal general Carlos Martín Amad apelará la resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal, por considerar que la decisión es arbitraria, según pudo saber Infobae.
El fallo, firmado el 3 de noviembre y notificado este jueves, establece que Reynoso, de 67 años, podrá continuar cumpliendo su condena en una vivienda del barrio Tres Cerritos, en la capital salteña, bajo supervisión judicial y con la obligación de presentar certificados médicos mensuales.
La decisión fue notificada luego de que trascendió que la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado un intento de la defensa de anular su detención, ordenada luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena.
Reynoso había sido detenido el 15 de octubre y alojado inicialmente en el Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional, en Chachapoyas. El 27 de ese mes fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes. Ahora, menos de un mes después de su detención, la Justicia ordenó que continúe cumpliendo la pena en su domicilio.
Para conceder el beneficio, Catalano tuvo en cuenta que el exjuez padece diabetes tipo 2, requiere aplicaciones diarias de insulina y sufre hipertensión arterial. También consideró los antecedentes médicos que habían motivado una prisión domiciliaria en 2022 y las condiciones de alojamiento en establecimientos penitenciarios federales de Salta.
En su resolución, la magistrada sostuvo que mantener a Reynoso en una cárcel implicaría un "agravamiento ilegítimo de la pena", debido a sus enfermedades crónicas y a las dificultades para garantizar una atención sanitaria adecuada.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se había pronunciado en contra del pedido. En su dictamen, sostuvo que los certificados médicos presentados por la defensa no permitían concluir que las enfermedades del condenado no pudieran tratarse adecuadamente dentro de un establecimiento penitenciario.
La Fiscalía también destacó que Reynoso no cumple con el requisito de edad previsto por la Ley de Ejecución Penal para acceder a la prisión domiciliaria por razones etarias, establecido en 70 años.
Además, señaló que un informe médico elaborado por el Complejo Penitenciario Federal III NOA, donde el exmagistrado se encontraba alojado desde el 27 de octubre, había concluido que estaba en condiciones de permanecer en ese establecimiento, con la posibilidad de ser trasladado a un hospital ante cualquier complicación.
Pese a esa evaluación, Catalano consideró que ese informe no era suficiente para descartar los riesgos que implicaba el encierro. Para fundamentar su decisión, también valoró pericias médicas de 2022, que habían advertido que el tratamiento recibido por Reynoso en prisión no era adecuado para sus enfermedades.
Uno de los episodios que valoró fue un traslado al hospital ocurrido en octubre, cuando Reynoso presentó un nivel elevado de glucosa en sangre. La jueza también recordó que, en 2022, informes del Cuerpo Médico Forense habían advertido sobre los riesgos que representaba el alojamiento carcelario para su salud.
La resolución ordena que Gendarmería Nacional efectúe su traslado al domicilio autorizado. Allí deberá permanecer hasta obtener su libertad definitiva, salvo situaciones de urgencia debidamente justificadas. También tendrá prohibido salir del país, consumir estupefacientes y participar de reuniones con personas vinculadas al delito.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal tendrá a su cargo la supervisión de la medida.
Reynoso fue condenado por los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, cometidos durante su desempeño al frente del Juzgado Federal de Orán, una jurisdicción estratégica por su cercanía con la frontera con Bolivia.
Uno de los hechos por los que recibió condena estuvo vinculado con el narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo, a quien favoreció mediante resoluciones judiciales a cambio de dinero.
La investigación determinó que, en diciembre de 2013, se falsificó un acta de declaración indagatoria para hacer constar que Castedo había comparecido ante la Justicia, pese a que permanecía prófugo. Esa maniobra permitió que el entonces magistrado le concediera una exención de prisión.
Otro de los hechos acreditados estuvo relacionado con la exigencia de una dádiva a un comerciante para autorizar el ingreso al país de camiones con mercadería.
En agosto de 2024, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta lo condenó a cinco años de prisión, una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta. La sentencia quedó firme en octubre pasado, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso de su defensa.
Según consta en el nuevo fallo, el vencimiento de esa pena está previsto para el 9 de diciembre de 2028.
Reynoso también tiene una condena firme de 13 años de prisión, dictada en 2019 por otros hechos de corrupción judicial. Por esa causa permaneció detenido durante más de ocho años, entre un establecimiento penitenciario y el régimen domiciliario, hasta que obtuvo la libertad condicional en 2024.
Ahora, el fiscal general Carlos Martín Amad solicitó la unificación de ambas penas mediante su suma aritmética, lo que elevaría la condena a 18 años de prisión. El planteo fue remitido al Tribunal Oral Federal Nº 1 de Salta y todavía se encuentra pendiente de resolución.
